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Columnas

“Entre dichos y hechos”

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Por Erika Cornelio Ramos

@ErikaCornelio


Jaime Bonilla y el Estado de Derecho

El pasado 8 de julio el Congreso local de Baja California aprobó en pleno una reforma constitucional en el que ampliaba el periodo del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco a años, en una clara violación al Estado Derecho.

Por encima de toda visión democrática y de respeto a la Ley, se observó un grave uso del poder, y de la legitimidad dada a las y los diputados integrantes de ese Congreso local, para que, en una maniobra claramente inconstitucional y carente de todo respeto al Estado de Derecho, decidieran aprobar por casi unanimidad un dictamen que beneficiaba a un grupo en particular.

Después del pronunciamiento que hiciera la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en contra de esta reforma, en donde exhorta al Gobierno de Baja California y a los ayuntamientos a dejar sin efecto el decreto número 112 de reforma a la Constitución local, al que hago referencia, y donde la propia Secretaria del Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señala que es un acto Inconstitucional.

Lo anteriormente señalado, pareciera una historia de terror, en el entendido que no hay forma de comprender, como un Congreso Local, por ocurrencia, decide reformar su propia constitución para ampliar un periodo de gobierno, cuando en el proceso electoral inmediato, la ciudadanía había votado por un gobierno de dos años.

Resulta preocupante, que en pleno siglo XXI y con conocimiento de la Ley, las y los legisladores aprobaran esta reforma constitucional, que a todas luces transgrede el respeto a la Ley, y violenta un proceso electoral, tergiversando la democracia a los intereses de unos cuantos.

Al parecer, las y los legisladores que aprobaron esta reforma, consideraron que cambiar las reglas del juego, estaba dentro de sus facultades metaconstitucionales, pero habría que recordarles, que no hay mayor violación a la democracia y al Estado de Derecho, cuando quienes detentan el poder, hacen uso y abuso de las leyes, en su calidad de representantes, mientras la ciudadanía se queda en la indefensión.

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