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Columnas

Terna a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atenta contra la Independencia Judicial

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Por Raúl Varela Curiel  

TWITTER: @VarelaCuriel


El próximo 18 de febrero, la ministra Margarita Luna Ramos dejará una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo por el cual el Ejecutivo Federal envió al Senado de la República una terna compuesta por las juristas  Jazmín Esquivel Mossa, Loretta Ortíz Ahlf y Celia Maya García.

Encabezando la lista se encuentra Jazmín Esquivel Mossa, esposa del empresario José María Riobóo, contratista favorito del Presidente de la Repúbica; Loretta Ortíz, quién recientemente  renunció a su militancia morenista para participar en el proceso de selección a ministro de la Suprema Corte, es esposa de José Agustín Ortiz Pinchett, cercano colaborador del presidente López Obrador y Celia Maya García, fue candidata a la Gubernatura de Querétaro cuando Andrés Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno del otrora Distrito Federal.

Considerar a perfiles tan cercanos al titular del poder ejecutivo, para ser Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone en riesgo la Independencia del máximo órgano de Justicia con que cuenta la República.

Fuente: www.animalpolitico.com

En efecto,  para que un juzgador pueda ejercer su profesión, es necesario que goce de una  independencia real y absoluta. Cuando un Juez no es independiente comenzará  a servir a otra persona y no así al ciudadano. Hoy más que nunca necesitamos a Ministros que sirvan a los mexicanos, no únicamente que sirvan al Presidente. Los titulares de los órganos jurisdiccionales  únicamente  deben estarse a lo establecido por la  Constitución, los Tratados e Instrumentos Internacionales y la Ley, sin interferencia  de ninguna naturaleza, ya sea la que provenga de otros órganos de poder, movimientos sociales, de opinión pública, o inclusive de los medios de comunicación.

Hoy más que nunca necesitamos procesos de designación que aseguren que los juzgadores gocen de una auténtica independencia e imparcialidad para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al Poder Judicial.

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