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Columnas

La prisión preventiva atenta contra la presunción de inocencia

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Por Raúl Varela Curiel


 

La prisión preventiva es una pena anticipada y atenta gravemente en contra del principio de presunción de inocencia, se tenía que decir y se dijo.

La prisión preventiva, es cárcel anticipada y no podemos tolerarle como  regla, sino únicamente como una dolorosa excepción, ello si nos jactamos de contar con un sistema republicano y democrático de procesamiento penal.

La prisión oficiosa es contraria al sistema acusatorio, ya que impide al juez ejercer la facultad discrecional de decidir respecto de esta medida cautelar, lo cual convierte al juez en un ente de aplicación mecánica de sanciones con lo cual se violenta todo es sistema procesal, aunado al hecho de que dicha figura es contraria a lo estipulado en diversos Tratados de que México es parte y han sido debidamente ratificados, como lo es el caso de El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9 o Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en su principio III, o en el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, en su principio 39 así como en El punto 6.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) y en los Artículos 7.1, 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

Fuente: https://documenta.org.mx

Con el reciente catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, parece ser que el actual gobierno, olvida el hecho de que el Estado mexicano recibió una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se estableció que dicha medida cautelar, como regla de aplicación general en los procesos penales, es contraria a las normas de la Convención Americana, porque viola el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia, recomendación vinculante para nuestro Estado y que al tenor del artículo primero constitucional, el estado mexicano tiene la obligación de acatar. El órgano internacional recomendó que la prisión preventiva debía restringirse a los casos particulares donde así lo aconsejen las condiciones individualizadas, junto con la amenaza fundada contra la sociedad y el orden público

Para evitar esta regresión, debe replantearse la prisión preventiva en los términos autorizados por la justicia interamericana, y no solo de ella sino la prisión misma. Trascender de la lógica punitiva, que se encuentra tan fuertemente arraigada en nuestro país, hacia un concepto de Justicia Restaurativa.

 

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