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Columnas

La prostitución del Procedimiento Abreviado

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Por Raúl Varela Curiel


El procedimiento abreviado, como una modalidad de terminación anticipada, es la Institución Jurídica procesal en materia penal, a través de la cual el Imputado tiene la oportunidad de reconocer la responsabilidad de los hechos de los que se le acusa, ello para ser sujeto de diversos beneficios a la vez que se evita el juicio oral, ahorrando de tal suerte valiosos recursos económicos y humanos de los órganos Jurisdiccionales.

Su Fundamento Constitucional se encuentra en el artículo 20 de la Constitución Federal. De manera específica en su apartado VII se señala de manera literal que “Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad”.

A su vez el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla en los artículos 201 al 207 los requisitos de procedencia, oportunidad y admisibilidad del trámite, de cuyo contenido podemos inferir que su finalidad es la de acelerar un proceso en los casos en los que se tienen medios de convicción suficientes para acreditar la culpabilidad del imputado, así como una plena identificación de quién lo habría cometido, obteniendo, el imputado, una reducción de la pena, que puede ser de un tercio de la mínima para delitos dolosos y un medio de la mínima para culposos, acorde al catálogo de delitos y sanciones de cada entidad; Siendo de ésta manera el Estado beneficiario de las ventajas de la economía procesal, y el imputado beneficiario de la reducción de su Pena.

Si bien es cierto que el procedimiento abreviado debería ser uno de los mecanismos de aceleración del proceso penal más efectivos y pilar fundamental del sistema penal acusatorio y adversarial, lo cierto es que se ha abusado de su utilización y se ha prostituido la finalidad para la que fue implementado.

En efecto, una gran cantidad de personas privadas de libertad, (usualmente personas en situación de vulnerabilidad), son presionadas a “confesar” su culpabilidad con el fin de acelerar el proceso de convicción y aligerar la carga de trabajo del Sistema Penal. En ciertos casos, incluso, se generan pactos entre la fiscalía y los defensores públicos sin tomar en cuenta las consideraciones del imputado.

Es cada día más frecuente, que debido a la estulticia o negligencia del defensor particular, que teniendo pleno conocimiento de la Inocencia de su patrocinado, lo conmina a optar por el procedimiento abreviado, ello supuestamente con la finalidad de obtener una penalidad que no ponga en peligro su libertad, ello sin tener en consideración que se estará adjudicando responsabilidad penal a alguien que no lo merece, y cuya inocencia debía ser acreditada ante el Juzgador.

Por su puesto que el procedimiento abreviado no es necesariamente una herramienta perniciosa per se, pero en un país como México donde las prácticas de abuso son cotidianas, su implementación lastima profundamente la impartición de justicia con tal de reducir la carga de trabajo del Sistema de Justicia. Los defensores seguirán utilizando dicha herramienta de manera pragmática mientras sigan corroborando que les facilita la obtención de libertades sencillas, por lo que será tarea del Juzgador verificar si en efecto existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, o dilucidar si en su defecto se está abusando del alcance del precepto de marras.

 

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