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Columnas Editorial

Una Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Sin cuotas ni cuates?

Tiempos Modernos
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Por Tito Samuel Ortiz Valencia

@Titosov

Nuevamente la Suprema Corte de Justicia se ve envuelta en una controversia que gira alrededor de la conformación de la misma: la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, quien llegó a la Corte en medio de múltiples señalamientos de corrupción y amiguismo, pone de nuevo la cuestión en la mesa ¿Podemos y debemos confiar enteramente en el presidente, el que sea, para la selección de integrantes de la máxima casa de justicia del país? Polémicas de este carácter no han sido atípicas.

Dos antecedentes cercanos. El 12 de marzo de 2019 fue electa como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel. Dicho nombramiento estuvo envuelto en una polémica sobre un posible conflicto de interés pues Esquivel es la esposa de José María Riobóo quién, sin tener ningún cargo público a la fecha, es uno de los principales allegados al Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Anteriormente, en septiembre de 2015 surgió una petición en el sitio change.org, impulsada principalmente por el investigador del CIDE Alejandro Madrazo, con el propósito de evitar que las ternas enviadas, para seleccionar a los dos miembros salientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Presidente Enrique Peña Nieto estuvieran supeditadas a criterios partidistas o a vínculos personales con el titular del ejecutivo. Específicamente se buscaba evitar el nombramiento de Medina Mora, Santiago Creel y Raúl Cervantes.

Dicha petición exigía que el ejecutivo enviara ternas cuyos perfiles posean fortalezas para el cargo de ministro, que se evitara la presencia en las ternas de perfiles con claros vínculos partidistas ante la posibilidad de que éstos representen intereses particulares y no colectivos. Finalmente se solicitaba que las ternas tuvieran una cuota de género para aumentar la paridad de representación en la Corte. Básicamente se buscaba que el Ejecutivo tuviera buena voluntad.

¿Basta con la buena voluntad del presidente para garantizar que la SCJN se encuentre libre de cuotas y cuates? No, debido a que México carece de “candados” legales que funcionen como filtro al proceso de selección para la SCJN. El problema no es que el presidente ponga en las ternas a quien se quiera, el problema es que legalmente puede hacerlo y no hay forma de impedirlo.

La razón detrás de ello responde a motivos históricos. En 1928 se le otorgó al Ejecutivo la facultad de seleccionar a los ministros, con la aprobación del Senado. Las razones vertidas durante los debates legislativos atendieron a la posibilidad de tener un doble filtro para elegir a los mejores perfiles para la SCJN. Las razones de fondo se ceñían a los intereses electorales de Álvaro Obregón, quién pese a no tener ningún cargo en ese momento y siendo presidente Plutarco Elías Calles, promovió una iniciativa en el Congreso en búsqueda de contar con allegados en la Corte y controlar a sus oponentes políticos a través de la misma.

Actualmente, el artículo 95 de la Constitución establece los siguientes criterios de selección para las vacantes en la SCJN: ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos, título de abogado de al menos diez años de antigüedad, gozar de buena reputación, residencia mínima en el país de dos años y no haber desempeñado ciertos cargos públicos a un año de la designación.

Queda claro que los criterios de elegibilidad para ministros son demasiado amplios, de forma que casi cualquier ciudadano mexicano con licenciatura en leyes puede ser un aspirante a la altura de los estándares constitucionales. Si el Presidente cuenta con mayoría en el Senado, éste no podría funcionar como un adecuado filtro pues podría “congelar” el proceso o rechazar las ternas dos veces para privilegiar la decisión del ejecutivo, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución.

Países como Colombia, Argentina, España y Reino Unido incluyen un requisito adicional para poder ser parte de la Corte Suprema: experiencia mínima comprobable en el ramo judicial. España va más allá de eso y permite que los candidatos a la Corte puedan ser magistrados, fiscales, profesores, funcionarios o abogados mientras sean juristas con más de quince años de labores.

En Reino Unido, es directamente el poder Judicial quién elige a quiénes integrarán la Corte a través de una comisión ad hoc para seleccionarles. Con esto se evita que la selección de ministros sea parte de un proceso político y dependa del Parlamento. Gracias a esta autonomía y la ausencia de vínculos políticos es que la Corte en Reino pudo declarar la ilegalidad de la decisión del Primer Ministro, Boris Johnson, al suspender el Parlamento.

La necesidad de contar con un poder judicial autónomo, y que cuente con los perfiles idóneos, es con el único propósito de que este pueda funcionar efectivamente como contrapeso al Ejecutivo y Legislativo.

En México, el arreglo constitucional es demasiado flexible y no hay ningún impedimento concreto evitar que entren perfiles partidistas o con vínculos estrechos al Presidente y por lo tanto tampoco hay garantías de que la Corte pueda funcionar como un contrapeso. Incluso si la afiliación partidista no fuera un problema, tampoco hay garantía para evitar que lleguen personajes sin la experiencia requerida.

Es necesario que los criterios sean más rígidos, particularmente el referente a la licenciatura en derecho donde no hay ningún énfasis sobre haber desempeñado una carrera judicial demostrable. Si queremos que el Presidente no ponga a quien quiera en la SCJN, los esfuerzos se deberían concentrar en tener un entramado jurídico que se lo impida explícitamente. La Constitución podrá tener buenas intenciones en sus planteamientos, pero hay que asegurarse de que el Ejecutivo también las tenga por obligación y no por su buena voluntad.

 

 

 

 

 

 

Textos consultados

  • Rhodes, R. A. W.; Capítulo 2 El institucionalismo publicado en Teoría y métodos de la ciencia política. 1ra ed. Madrid. Alianza Editorial, 1997.
  • Licona Vite, Cecilia; Designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. 1ra ed. Ciudad de México: Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, 2009.
  • Posner, Richard; How judges think. 2008.
  • González Avelar, Miguel; La Suprema Corte y la Política. 2da ed. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1994.
  • El proyecto de reformas del General Obregón a la Suprema Corte y su ambiente histórico. [Consulta:01/11/2015]. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1164/6.pdf
  • Helmke, Gretchen; Ríos Figueroa, Julio. Tribunales Constitucionales en América Latina. 1ra ed. Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2010.
  • Pérez Tremps, Pablo. Tribunal constitucional y tribunales ordinarios: perspectivas del sistema de justicia constitucional en España. 1ra ed. Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2005.

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