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Se reabre el caso Tlatlaya: autoridades ordenan detener a 7 oficiales liberados en 2016

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La Fiscalía General acusa a los siete uniformados de ejercicio indebido del servicio público y a tres de ellos de homicidio y encubrimiento.


Un tribunal federal del Estado de México ordenó que vuelvan a ser detenidos siete oficiales del Ejército, que ya habían sido liberados en 2016, implicados en la matanza de 22 personas ocurrida el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México.

La magistrada del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, Olga María Josefina Ojeda Arellano, ordenó las capturas de los militares por el delito de ejercicio indebido del servicio público y contra tres de ellos por homicidio, refieren informes judiciales citados por la prensa mexicana.

Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, son los militares acusados por ambos delitos, los únicos que en caso de ser detenidos y procesados no podrían obtener su libertad, pues el homicidio amerita prisión preventiva.

Los otros uniformados implicados en este caso son: Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz y Alan Fuentes Guadarrama, quienes estarían acusados solo por ejercicio indebido del servicio público.

El mismo tribunal había ordenado en 2016 liberar por “falta de elementos para procesar” a tres militares. Previamente, los otros elementos habían salido de prisión por falta de elementos. Milenio explica que en la resolución del tribunal se indicó que el auto de libertad fue dictado “sin perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia”.

En ese sentido, el diario El País detalla que el cambio de criterio ha tenido que ver con esta decisión que obligaba a contemplar pruebas que antes obvió, las cuales –según este reporte– son las declaraciones testimoniales de las testigos y el dictamen que realizó la Fiscalía hace años, sobre cómo los militares modificaron el lugar de los hechos.

El caso Tlatlaya fue uno de los que marcó al sexenio de Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó en un primer momento que 22 presuntos delincuentes habían sido abatidos un enfrentamiento que se originó cuando militares efectuaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera Federal Número 2.

Esta versión fue desmentida por uno de los tres sobrevivientes de esa madrugada, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que llevó a la detención de siete militares.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó en 2014 que elementos del Ejército ejecutaron esa madrugada a 8 de los 22 fallecidos; mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que fueron 15 las personas ejecutadas.

A inicios de agosto de 2018, un juez federal ordenó reabrir el caso tras determinar que la PGR no ha realizado una investigación “exhaustiva, adecuada y efectiva”.

Fuentes federales informaron al diario Reforma que la FGR se encuentra en proceso de revisión y reactivación de varios casos del sexenio pasado que fueron archivados con el argumento de la falta de elementos o que podían volver a ser reformulados, tras sufrir un revés judicial, como es el caso Tlatlaya.

Foto de portada por: Web

AIES

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