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Editorial

Un mal necesario

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Por Frida Angélica Gómez

El presidente López Obrador ha decidido combatir el huachicoleo frontalmente, cerrando los ductos que tienen un flujo continuo de gasolina hacia las estaciones. Es cierto. La decisión ha sido severa y contrario a lo que se ha pintado como una ocurrencia, se trata del mayor acto de poder que hemos visto durante las últimas décadas. 

Es el mayor acto de poder porque, a sabiendas de las consecuencias por cerrar los ductos, el presidente decidió terminar con el robo de combustible desde la raíz y comprobar de manera operativa quienes, cómo y donde estaban consumiendo combustible obtenido ilegalmente, esto, en vez de fiarse de los rumores de voz a voz o de la información que hubiese podido tener mediante extenuasteis cuestionarios a trabajadores de PEMEX en los que, naturalmente, todos habrían negado cualquier acto de corrupción con tal de mantener su empleo.

Se trata de un acto de poder concienzudo, que no habría podido realizarse por un presidente con menor legitimidad que la adquirida por López Obrador con los 30 millones de votos obtenidos. ¿Si no se midió el impacto de la medida y el grado de afectación? Posiblemente. El hecho es que, aún cuando algunas personas dentro del gobierno y en la opinión pública consideran que el Plan contra el Huachicoleo fue un error, el presidente parece convencido con firmeza de que está haciendo lo correcto por las siguientes razones. 

Las estaciones de gasolina tienen un “pedido” regular. Trabajan habitualmente con cierta cantidad de litros que atienden a la demanda, depende totalmente del flujo vehicular en la zona y la afluencia de la temporada. Por ejemplo, no se consume lo mismo en un pequeño pueblo de Hidalgo que en una gasolinera ubicada a un costado de la caseta en una carretera federal y tampoco se consume la misma cantidad en temporada vacacional que en los días hábiles.

La clave detrás de las afirmaciones del Presidente en cuanto a que el robo de gasolina está adentro de PEMEX radica en que mediante la perforación de ductos podrían robarse unos miles de litros, pero no llegando a millones como dicen las cifras que citaré más adelante. El asunto es que, desde PEMEX, han salido pipas a lo largo de los últimos tres sexenios brindando gasolina a estaciones de gas y originando grandes pérdidas para el país. 

Mediante el cierre de ductos, López Obrador busca analizar el consumo habitual para detectar cuáles son las gasolineras que compran gasolina de “huachicoleros”, que no son personas anfitrionas en los Estados que reprimen ductos a la mitad de la noche, sino que podrían ser trabajadores de Petróleos Mexicanos despachando pipas de manera ilegal.

¿Cómo se podría notar el desajuste? Si una despachadora de gasolina tiene una compra habitual a PEMEX del equivalente en litros de 2 pipas, pero ante el cierre de ductos pide  5 pipas para atender su demanda, lo que hay es una discrepancia de 3 pipas entre lo que compra de manera legal y lo que, en realidad, vende según la demanda. Significa que esa gasolinera compraba gasolina huachicolera para vender a sus clientes a precio oficial la cantidad requerida mientras pagaba “legalmente” por menos de la que en realidad, despachaba.

Las cuentas que debemos hacer

Durante el sexenio de Fox, Calderón y Peña Nieto se disparó el huachicoleo, o lo que es igual, aumentaron los litros de gasolina perdidos y con ello, disminuyeron los ingresos que correspondía, en ese entonces, al Estado por el refinamiento, producción, suministro y distribución de gasolina.

Según los datos del Sistema de Transferencia de Custodia de PEMEX, en 8 años se han robado 14 mil millones de litros, lo que equivale a una cantidad millonaria de pérdidas. En el sexenio de Felipe Calderón, de 2009 a 2012, el Estado dejó de recibir 62 mil 761.19 millones de pesos, con la pérdida de litros anual en promedio de 1741.5 millones de litros, y una variación mínima entre el robo de cada año. La mayor pérdida durante el sexenio del panista fue de 1781 millones de litros en 2011.

El cambio más radical, en afectación a PEMEX, se dio durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, de 2013 a 2016, periodo que acumuló pérdidas económicas hasta por 97 mil 196.65 millones de pesos. Durante su  gobierno, el Estado “perdió” el rastro de 1920.5 millones de litros de gasolina en promedio por año. Fue 2016 el año en que se disparó la pérdida de gasolina, pues se perdieron 2282 millones de litros, siendo que el año anterior la pérdida fue de 1837 millones de litros.

El golpe ha afectado a siete entidades del país, entre ellas Ciudad de México, Michoacán, Guadalajara y el Estado de México. Sin embargo, aún cuando la medida está impactando a toda la ciudadanía, industria y comercios, valdría la pena reconocer que detener el robo de combustible era urgente y necesario, y que al nivel en el que la gasolina robada había sido ya filtrada en el sistema ordinario de gasolineras, tal vez era la manera más rápida, aunque no la más eficiente, de resolver el tema.

Definitivamente no ha sido la decisión más popular, pero en el nivel de podredumbre, es un mal necesario que a largo plazo, podría reflejarse en la economía familiar …. aunque el sentir cotidiano en las calles sea de hastío, desesperación, ansiedad y preocupación. La medida debe ser temporal. El Gobierno de López Obrador está actuando contra reloj y lo más importante está en reconocer que los ductos no pueden permanecer cerrados eternamente, pues la distribución provisional por tierra es 14 veces más costosa y lenta que por ductos.

Sólo valdrá la pena si en el periodo de “sequía” se logran ubicar las estructuras perversas, sancionar redes de corrupción que permitieron y alentaron huachicoleo, así como limpiar Petroleos Mexicanos para que la presencia del ejército en refinerías y oleoductos deje de ser necesaria, por la simple y evidente inviabilidad de ello.

Después de todo, si queremos resultados distintos, debemos afrontar medidas distintas. Eso fue por lo que votamos ¿No?

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